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El Tribunal Supremo exige proporcionalidad al regularizar el régimen FEAC
(Sentencia del Tribunal Supremo 949/2026, de 20 de julio (Rec. 6518/2023)
Elena Ramírez Marín
Sòcia de l’àrea fiscal de Kreston Iberaudit
Membre de la Comissió Fiscal del CCJCC
La apreciación de abuso en una operación acogida al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC) no permite eliminar automáticamente todos sus efectos fiscales. La Administración debe identificar las ventajas abusivas y limitar la regularización a corregirlas.
Esta es la idea central de la Sentencia 949/2026, de 20 de julio, especialmente relevante para las aportaciones no dinerarias de participaciones a sociedades holding. El Tribunal Supremo precisa que el diferimiento de las plusvalías latentes, inherente a la neutralidad del régimen, no constituye por sí solo una ventaja fiscal abusiva. Su eliminación exige una justificación específica.
El conflicto: ventajas sobre dividendos y tributación de las plusvalías
El litigio tiene su origen en una aportación no dineraria de acciones y participaciones a una holding familiar. La operación permitió diferir la tributación de las plusvalías latentes en el IRPF de los aportantes.
La Inspección apreció ausencia de motivos económicos válidos y ventajas fiscales relacionadas con los dividendos percibidos a través de la holding. Como consecuencia, la Administración rechazó el régimen especial y sometió a tributación las plusvalías derivadas de la aportación. La Audiencia Nacional confirmó la regularización.
La controversia consistía en determinar si la cláusula antiabuso del artículo 96.2 del antiguo texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) permitía modular esa consecuencia. En particular, se discutía si identificar ventajas abusivas vinculadas a los dividendos justificaba también eliminar el diferimiento de las plusvalías.
La proporcionalidad limita el alcance de la regularización
El Tribunal Supremo interpreta el artículo 96.2 TRLIS conforme al Derecho de la Unión Europea. Aunque el precepto no contemplaba expresamente la inaplicación parcial del régimen, esa omisión no obligaba a suprimir íntegramente sus efectos fiscales.
El principio de proporcionalidad exige que las medidas contra el fraude y la evasión no excedan lo necesario para corregir el abuso. Por tanto, la regularización no puede alcanzar automáticamente efectos distintos de la ventaja que pretende eliminar.
La sentencia considera que este límite estaba implícito en el artículo 96.2 TRLIS. Debe distinguirse esa interpretación de la regulación vigente: el artículo 89.2 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), contempla expresamente la inaplicación total o parcial del régimen y establece que la regularización debe eliminar exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal.
El pronunciamiento resuelve, por tanto, un supuesto sometido a la normativa anterior, pero su razonamiento resulta relevante para interpretar la cláusula actual.
El diferimiento no es automáticamente abusivo
El régimen FEAC busca garantizar la neutralidad fiscal de las reestructuraciones, evitando que la tributación inmediata de las rentas obstaculice su realización. El diferimiento constituye un instrumento de esa finalidad, no una ventaja necesariamente ilegítima.
La sentencia distingue así entre obtener un ahorro fiscal propio del régimen y utilizar una operación con una finalidad contraria a las normas que lo regulan. La ausencia de motivos económicos válidos puede indicar una finalidad fraudulenta o elusiva, pero no convierte por sí sola en abusivos todos los efectos fiscales de la operación.
En el caso analizado, las ventajas identificadas se relacionaban con la tributación de los dividendos. Eliminar además el diferimiento de las plusvalías suponía una consecuencia adicional que requería motivación propia.
Si la Administración pretende gravar inmediatamente esas plusvalías, debe justificar, mediante una motivación específica y los elementos probatorios correspondientes, que obtener el diferimiento constituía el objetivo principal de la operación. No basta con invocar la ausencia de motivos económicos válidos.
Consecuencias prácticas para las aportaciones a holdings
La sentencia obliga a diferenciar dos cuestiones: la existencia de abuso y el alcance de su corrección. Apreciar la primera no determina automáticamente la segunda.
En las aportaciones de participaciones a sociedades holding, la Administración deberá identificar qué ventajas considera abusivas y explicar por qué los ajustes practicados son necesarios para eliminarlas. Cuando la regularización alcance al diferimiento, esa explicación deberá justificar específicamente su carácter abusivo.
El criterio no garantiza que cualquier operación sin motivos económicos válidos conserve el diferimiento, ni impide someter las plusvalías a tributación. Su alcance es más preciso: la regularización debe guardar correspondencia con las ventajas abusivas identificadas y no extenderse indiscriminadamente a todos los efectos del régimen.
En definitiva, el Tribunal Supremo no excluye la aplicación de la cláusula antiabuso, sino que exige una aplicación proporcionada: identificar la ventaja ilegítima, acreditar su finalidad y ajustar a ella la respuesta tributaria.
