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Auditar los fondos europeos

Antoni Gómez

President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Article del Sr. Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), publicat a La Vanguardia

En el marco de la pande­mia y en espera de que la vacunación progresiva de la población suponga un cambio de inflexión, las autoridades han asumido el imperativo de evi­ tar, en lo posible, la desaparición del tejido em­ presarial. Para ello, la inyección de 140.000 millones de euros que el Plan Europeo de Recu­ peración prevé para España va a ser fundamen­ tal y su impacto, enorme. Los fondos que recibi­ rá España supondrán alrededor de un 11% de su PIB, un maná económico que alentará la recu­ peración de la economía y que puede inducir un impulso vigoroso a la modernización del país.

Pero es esencial que la asignación de recursos y el posterior control reúnan todos los requisitos de transparencia. Es exigible que las empresas que pidan apoyo cumplan las obligaciones lega­ les (auditoría, si fuera el caso; depósito de cuen­ tas; declaraciones tributarias…). Y sería deseable que los proyectos presentados –alineados con los objetivos estratégicos de la Comisión Euro­ pea en digitalización, ecología o cohesión so­ cial– sean avalados, cuando de acuerdo con las normas particulares sea adecuado o en general, como elemento adicional de solvencia por un profesional independiente.

El real decreto ley 36/2020 de 30 de diciem­ bre, que aprueba el desarrollo del plan, prevé la importancia de las medidas de auditoría y con­ trol en relación a todas las etapas de su ejecu­ ción. Y resalta la importancia y la oportunidad de la colaboración público­privada para el pleno cumplimiento de los objetivos y oportunidades de modernización que ofrece el mismo.

En materia de Fondos Europeos para la Recu­ peración, la colaboración público­privada ha de permitir y garantizar una revisión exhaustiva de todos los fondos públicos aplicados a la emergencia sanitaria, económica y social, sin demora, para velar por la máxima trans­ parencia a lo largo de todo el proceso (esto es, distri­ bución, concesión y veri­ ficación posterior).

Sería deseable que los proyectos presentados fuesen avalados en su solvencia por un profesional independiente

La propia norma reco­ noce la tarea ingente que supondrá la auditoría y el control de proyectos (públicos, privados o en colaboración) derivados del plan. Lo reseñable es que la revisión por parte de organismos públicos contemple, como en otros aspectos del plan, la colaboración pú­ blico­privada. Porque nos situamos ante una avalancha de trabajo ingente cuya revisión requiere un gran número de recursos humanos, con preparación suficiente en una tarea muy compleja, y sin continuidad en el tiempo.

En línea con los principios de gestión del plan deberían establecerse procedimientos organi­ zativos para permitir la actuación del mayor número posible de firmas profesionales, en lugar de pensar en macrocontratos o bien en dotación de medios propios, sin sentido estruc­ tural más allá de la vigencia del plan.

Los retos colectivos que afrontamos exigen velar por la transparencia, la adecuada distribu­ ción y control y la asignación eficiente de estos recursos. Por ello es importante contar con los auditores. Nos va el futuro.

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