El reestructurador: clave para preservar nuestro tejido industrial.

El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicó el pasado 14 de enero el proyecto de ley concursal. En las próximas semanas deberá ser discutido y aprobado en las Cortes Generales. Este proyecto de Ley da respuesta a la necesaria transposición a la normativa española de la Directiva Comunitaria sobre la materia.

Se trata de una regulación muy importante por sus efectos para nuestra estructura económica. En el año 2021, los concursos de acreedores aumentaron un 34% respecto del ejercicio 2020, y un 30% por encima de los niveles prepandemia, alcanzando las 5.862 compañías. Se espera que, como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia, un número muy significativo de empresas acudirán a los juzgados impulsadas por sus dificultades financieras. 

El 95% de los procesos concursales presentados bajo la legislación vigente acaban con la liquidación de las empresas, y casi siempre con la dispersión y pérdida de sus activos productivos y la desaparición del empleo relacionado con la actividad económica que realizaban. 

Esta situación es especialmente grave en relación con el sector industrial. El desarrollo de una empresa industrial requiere -además de un importe habitualmente significativo de inversiones- la articulación de equipos humanos formados en la fabricación, distribución y mantenimiento de los productos. En definitiva, una organización compleja formada por elementos materiales y humanos. La desaparición de una industria supone casi siempre una pérdida irreparable. 

La industria es un sector de una importancia capital para nuestra economía. Tiene un factor multiplicador muy significativo sobre una parte destacada del sector servicios y mantiene un empleo de una cualificación mayor y mejor retribuido que muchos otros sectores económicos. 

Salvar el tejido empresarial es un objetivo muy importante de la reforma concursal. Así lo entiende la propia Directiva europea sobre Reestructuración e Insolvencia que, de acuerdo con su Considerando 1,  pretende garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad. 

El proyecto de ley concursal incorpora un libro II, denominado derecho preconcursal, que desarrolla un concepto nuevo como es el de la reestructuración. Se trata de abrir negociaciones o de la homologación de un plan de reestructuración cuando el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual. 

Es clave que en la reestructuración se informe sobre la viabilidad de la empresa y, en definitiva, si el valor de la empresa en continuidad es superior al de la empresa en liquidación. Para ello se debe poder informar a los acreedores sobre si el plan del deudor permite una obtención de flujos de caja suficientes para pagar la deuda total o un porcentaje mayor que el que se obtendría en un proceso de liquidación. 

Salvar el tejido empresarial es un objetivo muy importante de la reforma concursal. Así lo entiende la propia Directiva europea sobre Reestructuración e Insolvencia

El papel de un experto en reestructuraciones es clave en una serie de supuestos especialmente contemplados por la ley. Del adecuado desarrollo e implantación de este dependerá en buena medida que la presente reforma consiga finalmente los objetivos que han pretendido todas las regulaciones anteriores: facilitar la continuidad de las empresas viables. 

El proyecto de Ley Concursal se ocupa de esa figura nueva en el derecho español: el experto en la reestructuración. El capítulo II del anteriormente citado libro, se ocupa de su estatuto, sus funciones, deberes y régimen de responsabilidad. El diseño que ha hecho la Ley de esta figura, dentro de los diferentes modelos que permite la Directiva, es próximo a la figura de un mediador que facilite la negociación entre las partes. 

Entre otras cosas tiene la responsabilidad de elaborar un informe sobre el valor de funcionamiento de la empresa. A diferencia de la conocida figura del administrador concursal, el papel del reestructurador es clave para la confianza en el proceso de reestructuración y no es la intervención ni supervisión de los poderes de administración y disposición patrimonial del deudor. 

Creemos que los auditores de cuentas tenemos un papel clave en este nuevo entorno. Somos profesionales independientes, sujetos a un código de ética, y con la formación y experiencia para considerar adecuadamente los aspectos que intervienen en un plan de reestructuración. Tenemos todos los requisitos que establece el proyecto de ley. Entendemos que nuestras características nos hacen especialmente adecuados para los propósitos de la reestructuración, actuando como expertos mediadores, capaces de inspirar confianza a las distintas partes implicadas. Muchas empresas recurren a auditores en multitud de ocasiones por nuestro reconocimiento social y nuestro prestigio, y gran número de normas legales ya nos están otorgando atribuciones fundamentadas en nuestra independencia, ética profesional y alta cualificación profesional. 

Son muchas las situaciones en las que en el ejercicio de nuestra función de revisión de las cuentas de las compañías hemos de valorar la razonabilidad de los planes de viabilidad. Así por ejemplo, cuando consideramos la gestión continuada de las compañías o para potenciales depreciaciones de inversiones. También cuando actuamos como expertos, en tanto que peritos judiciales o en procesos de due dilligence. 

Los auditores actuamos en pro del interés público, aportando confianza y transparencia a las relaciones mercantiles de las empresas. La reforma concursal es una oportunidad magnífica para afrontar nuestro problema endémico que deriva en la desaparición de muchas empresas potencialmente viables, cuando se ven sometidas a dificultades para afrontar sus compromisos de pago. La figura del reestructurador será clave para cambiar esta situación. De su adecuada regulación dependerá que se preserve buena parte de nuestro tejido industrial.